img_01Los suministros básicos – vivienda, luz, agua, gas y alimentación – son fundamentales no sólo para una vida mínimamente digna, sino para el propio ejercicio de la ciudadanía, de la democracia en suma; de ahí su consideración como derechos humanos por Naciones Unidas.

No obstante, la inhibición de los Gobiernos españoles al respecto viene siendo ostensible y ha terminado dando lugar a una serie de movimientos sociales que, además de reivindicativos, en muchas ocasiones terminan supliendo la pobre o nula acción pública al respecto.

La duración y extensión de la crisis económica que comenzó en el 2008 con el estallido las burbujas financiera e inmobiliaria, junto a las políticas de recortes y ajustes emprendidas por los gobiernos de turno, han conllevado que la pobreza saltara del tradicional reducto en que estaba enquistada en nuestro país (ese 8 o 10% de población invisible que ya era pobre antes de ese año, en plena bonanza) y haya cobrado un nuevo protagonismo, tanto por su virulencia, como por su ampliación a las clases medias y por su afectación a aspectos esenciales de la vida humana, como la luz, el agua, la vivienda… Hoy, la pobreza, cada vez más poliédrica, tiene tantos adjetivos como facetas; se habla así de pobreza energética, de pobreza hídrica, de crisis habitacional o de insolvencia alimentaria.

Ante semejante situación de emergencia social, hay quienes plantean ya abiertamente que todas estas manifestaciones de la pobreza son incompatibles con la más elemental concepción de los derechos humanos, incluso con la democracia, toda vez que el ejercicio de la condición de ciudadanía exige unos mínimos vitales que lo hagan posible.

Aunque los poderes públicos han optado en su mayor parte por permanecer del lado de los poderes económicos – esos, que recuérdese, no se eligen en las urnas – y se han mantenido impasibles ante el dolor de los sectores sociales más perjudicados por esta situación, cabe encontrar alguna llamada de atención incluso en sus aledaños. Sin ir más lejos, el pasado 3 de diciembre, en el marco de unas jornadas sobre Personas vulnerables y suministros vitales. Pobreza energética, pobreza hídrica y garantía de suministros mínimos”, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, urgía al Gobierno andaluz a que no retrasara más su compromiso al respecto y garantizara por ley los suministros vitales. Maeztu informó que su Oficina ha recibido un alto número de quejas en esta materia de familias que «no pueden hacer frente al pago de las facturas». Se calcula que la pobreza energética, hídrica y de suministros mínimos la sufren 300.000 hogares andaluces, pobreza que afecta de manera especial a los colectivos más débiles: los menores y las mujeres con hijos a su cargo. Hasta ahora, la Junta de Andalucía se ha limitado a destinar 7,5 millones a los ayuntamientos para ayudas a las familias a las que les han cortado los suministros básicos o pueden verse en esta situación, cantidad insuficiente ante el importante aumento de la pobreza, como reconoció en su momento el propio Vicepresidente andaluz.

Pero si a nivel andaluz se denunciaba la pasividad o la lentitud, del gobierno central no cabe esperar nada, como se deduce del hecho que la única iniciativa de moratoria por seis meses de cortes de suministros vitales, aprobada en Cataluña, haya sido recurrida por aquél al Tribunal Constitucional. Otras comunidades, como la de Cantabria, sin embargo, sí han aprobado medidas en ámbitos que son claramente de su competencia, como el de aguas, para garantizar un mínimo vital de este suministro a las familias más desfavorecidas. En cualquier caso, en general cabe valorar como muy tímidas las limitadas respuestas que algunas administraciones han dado a la gravísima carencia de recursos vitales básicos que enfrentan cientos de miles de ciudadanos/as.

Es por eso que, frente a esta situación de emergencia y la pobre respuesta de las administraciones, han ido surgiendo diversos movimientos en nuestro país que no sólo han plantado cara a los problemas, a veces supliendo el propio papel protector que debería ofrecer el Estado, sino formulando también en muchas ocasiones claros planteamientos de defensa del carácter público de los suministros básicos o, alternativamente, la exigencia de unas políticas públicas que garanticen los mínimos vitales necesarios para el ejercicio de los derechos humanos más elementales.

Entre tales movimientos, quizás el más conocido y reconocido públicamente, debido a la gran movilización que ha conseguido, sea la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)/ Stop Desahucios, relacionada con el acceso a la vivienda. Pero también progresivamente han ido surgiendo otros movimientos en torno a la pobreza hídrica, la pobreza energética o la insolvencia alimentaria: Asociación de Ciencias Ambientales, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Nueva Cultura del Agua, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Alianza contra la Pobreza Energética o RIOS ( Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad) son sólo algunos ejemplos.

Entre las organizaciones sociales que hoy se enfrentan a las distintas vertientes de la exclusión hay, evidentemente, diferencias. Por ejemplo:

  • el grado de visibilidad de las distintas problemáticas es muy diferente, y va en proporción al nivel de organización y movilización logrado por los correspondientes movimientos sociales;
  • la forma en que cada uno de estos problemas se viven por los afectados varían, también en función de la organización y movilización. Así, mientras los desahucios son cada vez más un fenómeno colectivo, con importante repercusión social y mediática, los problemas de insolvencia alimentaria o las pobrezas energética e hídrica se siguen viviendo de forma fundamentalmente individual, vergonzante, muchas veces con gran invisibilidad pública. En la medida en que la movilización y la organización social avance, es de suponer que la situación de estos últimos se irá pareciendo cada vez más a la de los desahucios;
  • aunque suelen tener un carácter reivindicativo, sin embargo no siempre ocurre así, sobre todo en el caso de la pobreza relacionada con la comida o insolvencia alimentaria, que en su mayor parte está siguiendo un enfoque benéfico, de caridad, muy vinculado a la actuación de la Iglesia Católica, a través de Cáritas, y a la Federación Española de Bancos de Alimentos, cuyos recursos provienen en buena medida de fondos públicos.

Pero más allá de estas y otras diferencias, sin embargo, la mayoría de estos movimientos vienen a compartir una serie de significativos rasgos comunes, cuando no confluyen directamente, como el caso de Stop Desahucios, que ya no sólo se centra en la lucha por el derecho a la vivienda, sino que también está emprendiendo acciones de banco de alimentos y en contra de los cortes de suministros básicos.

Aspectos comunes a los movimientos sociales en defensa del acceso a los recursos básicos (energía, agua, alimentación, vivienda)

 Entre los rasgos comunes de la mayor parte de estos movimientos, destacaríamos:

  • son iniciativas sociales que surgen ante la indiferencia de los Gobiernos de turno hacia el daño causado por la crisis y las políticas de austeridad aplicadas; es decir, es la propia sociedad civil quien termina prestando las ayudas (dentro de su precariedad de medios) que los Gobiernos han dejado de garantizar;
  • las problemáticas, por su carácter esencial, básico, terminan remitiendo a la Constitución, pero sobre todo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como marco jurídiciopolítico y conceptual desde el que defender lo que se reivindica; huyen del partidismo o de la vinculación con una opción política concreta, pero denuncian la escasa o nula receptividad del bipartidismo (PP/PSOE) cuando están en el Gobierno;
  • son iniciativas que tienen mucho que ver con el cambio de ciclo sociopolítico. De hecho, el nombre de Stop Desahucios se une en determinadas localidades, como Córdoba, con el acróstico 15-M. Son luchas muy concretas, con una carga ideológica fuerte pero elemental, que van sirviendo como escuela de empoderamiento ciudadano, de formación de nuevos activistas, entre sectores ciudadanos que nunca habían participado políticamente ni se lo hubieran imaginado hace un tiempo;
  • enfrentan, en general, una carencia de datos y de registros públicos que aporten información fehaciente del alcance real de las distintas problemáticas. De la única que se aportan datos de modo oficial, de la vivienda, a través del Consejo General del Poder Judicial, hasta muy recientemente no se han diferenciado los desahucios de primera vivienda de la de locales o segunda vivienda, pero además, sigue sin aportarse datos sobre la situación sociofamiliar, económica o laboral de las personas afectadas. Existe, pues, una clara voluntad política de ocultamiento, de que no se conozca la verdad para poder formular declaraciones retóricas sin fundamento que intentan hacer creer que los Gobiernos actúan decididamente contra esas situaciones de emergencia social (“estamos solucionando el problema”, “estamos tomando medidas”…);
  • las iniciativas en defensa del acceso a los recursos básicos están en el fondo vinculadas en gran medida a la sostenibilidad; por ejemplo: contra la pobreza energética se reclaman, entre otras, medidas de mejora de la eficiencia y el ahorro energético de las viviendas; contra la pobreza hídrica se incluyen propuestas de fomento del ahorro del consumo; respecto a la vivienda, se propugna también acabar con el despilfarro de recursos y el destrozo paisajístico y del medio ambiente que conlleva la especulación inmobiliaria; y en materia de carencia de alimentos, algunos movimientos alternativos también se vinculan a los existentes en pro de la soberanía alimentaria.

 En definitiva, son iniciativas que, en gran medida, ponen en cuestión las políticas neoliberales de austeridad y recortes de servicios y prestaciones y que exigen una intervención pública a partir de una traducción jurídica efectiva, garantista, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el fondo, por acción u omisión, lo público está al centro del debate, puesto que suelen plantear que es el Estado quien debiera ser garante de los recursos mínimos vitales que permitan el ejercicio de la ciudadanía. Aunque no siempre se define con rotundidad el modo de gestión, sí parece apuntarse a una gestión pública, hasta el punto que se habla de procesos de remunicipalización (caso del agua), de posible nacionalización (caso de las empresas de energía), de ampliación de la oferta pública de recursos (caso del parque de vivienda pública), etc.

Un asunto vinculado de modo directo a las alternativas y soluciones efectivas a las dificultades de acceso a los recursos básicos es el de la Renta Básica, pero el mismo excede del alcance de este número de Con-ver-Gente.

Enlaces de interés:

Pobreza hídrica:

 Pobreza energética:

Insolvencia alimentaria:

Emergencia habitacional: