img_04Existe una alianza objetiva entre la igualdad de género y los servicios públicos, no sólo porque en ellos el trabajo está muy feminizado, sino además porque son imprescindibles para elevar la labor de los cuidados en el hogar a responsabilidad pública y facilitar así la inserción laboral y sociopolítica de las mujeres. Las políticas de recortes y desmantelamiento del Estado de Bienestar son, pues, un ataque frontal a la igualdad, según el Fórum de Política Feminista de Córdoba.

El feminismo viene repensando el mundo, reflexionando sobre las instituciones y la sociedad, y lo hace desde un punto de vista propio, desde las propias mujeres.

A través de la reflexión, hemos concluido que queremos un modelo de estado que garantice los derechos de la ciudadanía, estableciendo medidas y garantizando servicios, para que las personas puedan ejercer y desarrollar los derechos que les corresponden.

El empleo y las políticas sociales son dos pilares en los que se sustentan los avances en la igualdad entre mujeres y hombres.

El derecho al empleo, y las condiciones que lo facilitan para el conjunto de las mujeres, posibilitan la autonomía personal que permite la relación de igualdad.

Los derechos sociales, las políticas sociales y los servicios públicos que las materializan, son fundamentales para nosotras. Estos derechos sociales tienen sus grandes ámbitos en la educación, la sanidad, la seguridad social (es decir el sistema de pensiones), la protección a la dependencia…

Permiten a las mujeres liberarse de la cuasi-esclavitud que les impone la asunción secular de los trabajos que generan los cuidados imprescindibles para la vida humana, los cuidados que se ejercen en los hogares. Sin horas libres, sin salario, sin empleo, sin pensión: excluidas de un modelo social diseñado alrededor de un varón-sustentador que protagoniza en superioridad lo exterior, lo público.

Si se cercena el Estado del Bienestar, recortando presupuestos, eliminando o privatizando servicios públicos, las mujeres sufrimos de inmediato las consecuencias de esta falta de atención estatal sobre los cuidados:

.- Pérdida del empleo público que generan los servicios sociales, la educación, la sanidad, donde el trabajo está muy feminizado.

.- Pérdida de la disposición de tiempo para la presencia en la vida pública y pérdida de tiempo para el acceso a cualquier empleo en plenos derechos de jornada, sueldos y seguridad social.

.- Pérdida del ejercicio de la ciudadanía a cambio de la reclusión en los hogares, a cargo de los cuidados de la personas. Cuidados que son asuntos públicos.

El feminismo y los servicios sociales mantienen una alianza. Desde el año 2.011 vienen trabajando en base a un documento, “Alianza para la defensa del sistema público de servicios sociales”, donde se implican organizaciones públicas y sociales, universidades, sindicatos….

El gobierno actual ha tomado las medidas pertinentes para recortar los derechos de la ciudadanía, para atender a mantener las arcas de los potentados, pero sobre todo ha excluido, ha agredido a las mujeres con especial ahínco. Porque existe una clara correlación entre la disponibilidad de servicios sociales de cuidados y la presencia de mujeres en el mercado de trabajo.

Los mercados necesitan que alguien se haga cargo de los cuidados que se demandan en el hogar.

La austeridad que encubre los recortes, desde una perspectiva Feminista, nos permite analizar la situación actual a largo plazo y no como un accidente coyuntural e irremediable.

La crisis se ha gestado en el seno de un modelo económico generador de desigualdades y su desarrollo conlleva efectos muy distintos sobre los hombres y las mujeres. Si no se tiene en cuenta esto, no se adoptarán soluciones que sean reparadoras. Es preciso que las políticas que tratan de hacerle frente a la crisis, tengan en cuenta la situación desigual.

La Economía con perspectiva de género, feminista, ha criticado con solidez científica el fundamentalismo del mercado y las posiciones ideológicas conservadoras que han desatado la crisis.

Más de 80 colectivos de mujeres elaboraron en el 2.009 un manifiesto común que ya señalaba que “la falta de recursos en las administraciones públicas ha afectado seriamente los servicios públicos, esto y los recortes de presupuesto en igualdad de género…” y se proponían una serie de medidas, un plan de acción, que recondujera la situación. La crisis ha sido el pretexto no solo para no paliar, sino para agravar las desigualdades.

Se necesita un sistema de organización social que apueste decididamente por la igualdad de género. Esto exigiría reorientar las prioridades del gasto público.

Las mujeres organizadas necesitamos con urgencia alianzas estratégicas en la necesidad de inversión social en servicios públicos que creen empleo y posibiliten elevar el tema de los cuidados de los hogares a responsabilidad social colectiva. Estamos en ello.