img_05La educación pública ha sufrido, como el resto de los servicios públicos, el ataque de las políticas neoliberales: mercantilización, privatización creciente, introducción de modelos organizativos cuasi empresariales, conceptualización y definición de la educación en función de las necesidades del mercado, etc.

Todo lo cual ha tenido su reflejo en las sucesivas leyes educativas, la última de ellas y más agresiva, la LOMCE.

Pero frente a estos ataques, se han venido levantando diversos movimientos sociales, cada vez más unitarios, que luchan por un modelo educativo público al servicio de la ciudadanía.

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La ofensiva neoliberal que ha venido introduciendo criterios de mercantilización en el ámbito público tiene su origen en los años 80 del siglo pasado. Es en las últimas décadas del siglo XX cuando las grandes instituciones financieras internacionales y, en particular, diversas instancias de la Unión Europea, deciden iniciar un proceso de “adecuación” de los servicios públicos esenciales a las nuevas necesidades del capital y del mercado.

Existe abundante literatura al respecto y, sobre todo, una importante cantidad de documentos emanados de esas mismas instituciones encargadas de gestionar el proceso (OCDE, Comisión Europea, European Round Table…) que nos permite comprender que, en caso en el caso de la escuela pública, se apuesta por pasar de la llamada “era de la masificación” (característica de las décadas centrales del siglo pasado) a la “era de la mercantilización”.

Este proceso supone, por una parte, una apuesta decidida por reducir las inversiones públicas estatales en los aparatos escolares y, por otra, una estrategia bien definida para brindar el sistema educativo a la empresa privada como nueva fuente de beneficios. En el caso español, es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (la LODE), de 1985, la que inaugura el sistema de conciertos, dando carta de naturaleza a la red privada-concertada como red paralela a la pública y que pasa a ser sostenida, casi en su totalidad, con fondos públicos. La LOE y, naturalmente, la LOMCE profundizan aún más en este proceso.

Puestas así las cosas, junto con esta estrategia por convertir la enseñanza en una mercancía más sometida a la lógica del mercado, se hace necesaria una reorganización del sistema público. Si bien existen peculiaridades regionales que justifican las diferencias entre modelos educativos en contextos cercanos, como el europeo, lo cierto es que la propia Unión lanza un conjunto de directrices en el último período que vienen a homologar los sistemas educativos de sus países miembro.

Son ideas como la flexibilidad, la empleabilidad, la productividad, la desregulación, la adaptabilidad… las que impregnan esos documentos que, adaptados a sus sistemas nacionales, los Estados convierten en marco normativo y que, en el caso español, van dando lugar a las sucesivas reformas educativas tanto de la enseñanza infantil y primaria como secundaria, de régimen especial y superior.

Por lo tanto, para el sistema educativo público, esta ofensiva neoliberal supone una reorganización tanto en el ámbito de los contenidos (que van abandonándose en favor del trabajo procedimental y por competencias – sirviéndose de los parámetros de las llamadas “competencias profesionales“-), como de lo metodológico (prácticas pedagógicas) y organizativo (esquemas de gestión y administra-ción de los centros).

Con la crisis como marco y como excusa, este proceso se acelera. En los últimos tres o cuatro años se produce un salto cualitativo en lo relativo al deterioro de las condiciones de la red pública escolar y a los procesos de privatización del sistema educativo. Los recortes presupuestarios en el ámbito educativo y el RDL14/2012 de 20 de abril – llamado “de medidas urgentes de racio-nalización del gasto público en el ámbito educativo”- son ejemplos paradigmáticos de esta ofensiva directa contra la educación pública en el ámbito estatal que tienen sus correlatos naturales en el nivel autonómico.

La excusa para justificar los recortes y la falta de inversión estatal en el sistema educativo es la misma que para fundamentar los recortes en otros servicios públicos que garantizan derechos básicos esenciales: la excusa de la deuda. La reforma en el verano del 2011 del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de ésta y sus intereses, así como la firma del Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación de la UE en el 2012, que marca condiciones a la liquidación de la deuda y del déficit público con el horizonte del año 2020, condicionan y determinan la política presupuestaria de los gobiernos de este período. La política se muestra de forma descarnada al servicio de los intereses del capital. Los servicios públicos quedan sometidos, en este contexto, a la lógica del beneficio.

El documento que normativamente cierra este proceso para dar carta de naturaleza a esta “nueva escuela del siglo XXI” en España es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE – también conocida como “Ley Wert”-, cuya publicación en BOE se produjo el 10 de diciembre de 2013. En el documento de “Propuestas para el anteproyecto de Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa” que se presenta en junio de 2012, ya se pueden leer propuestas como:

“- Mejora del nivel educativo de los ciudadanos como apuesta por el crecimiento económico y la competitividad.

– La calidad educativa debe medirse en función del “output” (resultados de los estudiantes), no del “input” (inversión, nº profesores/unidades)”.

Ese mismo documento de Propuestas, junto con la reducción de las tasas de fracaso escolar y abandono educativo temprano o la mejora de los resultados PISA, sitúa como objetivos generales del sistema educativo mejorar la empleabilidad, mejorar la tasa comparativa de alumnos excelentes y la tramitación paralela de la Ley y el estatuto del profesorado docente no universitario. Es decir, la formación del alumnado se orienta de manera explícita a cubrir las exigencias del mercado laboral y se apuesta, al mismo tiempo, por una readecuación de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sistema educativo.

El primer borrador de la LOMCE que se presentó en septiembre de 2012, recogía en el inicio de su exposición de motivos el siguiente párrafo:

“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Pocas veces una Ley ha sido tan explícita en cuanto a sus verdaderas intenciones. Y, aunque el texto ha ido sufriendo modificaciones importantes en el redactado de su fundamentación y articulado, palabras como “empleabilidad”, “empren-dimiento”, “competitividad”, “estándares”, “capa-cidad de gestión”… impregnan el texto finalmente publicado en BOE y sancionado por la máxima autoridad del Estado. En la LOMCE, el Sistema Educativo Español se define como el conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio público de la educación en España, y los titulares de este derecho, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo”. Nótese el interés por situar “agentes públicos y privados” con funciones “de regulación, de financiación o de prestación del servicio público de la educación”. Barra libre, por lo tanto, para la entrada de capital privado en el sistema educativo.

Por otro lado, y por lo que respecta a la red pública, la nueva Ley comporta un trasvase directo del modelo de gestión privada empresarial a los centros públicos. Olvidando por completo la etapa de infantil de 0 a 3 años – que sigue plenamente sometida a los dictados de los intereses privados para su prestación -, la gestión, organización y dirección de los centros de infantil, primaria y secundaria están inspiradas en el paradigma de la empresa privada.

La organización del currículum escolar y la organización de los itinerarios escolares se adecúan a las características de un mercado laboral en el que la flexibilidad, la necesidad del “aprendizaje a lo largo de toda la vida” y la formación continua se convierten en exigencias para la empleabilidad. Ideas que, por otro lado, ya se encuentran perfectamente instaladas en el discurso que en el ámbito universitario condujo a las reformas de las últimas décadas del siglo pasado (LRU y LOU) y a todos los procesos de ajuste al llamado “Espacio Europeo de Educación Superior”, definido por la Unión Europea en el conocido como “proceso de Bolonia”. Todo el entramado educativo queda ya perfectamente definido y delimitado por la lógica del mercado desde el primer ciclo de Infantil a la educación universitaria.

Con este marco, y teniendo en cuenta las tendencias en el seno de la Unión Europea y los horizontes fijados a varios años vista, es más que razonable pensar que los ataques a la educación pública van a continuar. Ello, tanto en lo referido a los procesos de privatización – que, previsiblemente, se incrementarán de forma notable en el próximo período – como en lo relativo al deterioro de la red pública. De hecho, existen distintos ritmos en el ámbito autonómico al respecto que nos pueden servir de referencia y vemos que, hoy por hoy, determinadas comunidades han servido de “avanzadilla” en estos dos caminos que, más tarde o más temprano, todos los territorios están llamados a seguir.

Frente a estas agresiones neoliberales, de manera más organizada o menos, se han ido produciendo respuestas en defensa de la educación pública. Desde finales de los años 80 del siglo pasado hasta nuestros días, los colectivos estudiantiles, las organizaciones sindicales o autónomas del profesorado o del personal de administración y servicios de los centros, los Movimientos de Renovación Pedagógica, las asociaciones de madres y padres… han ido expresando su rechazo a los ataques en formatos diversos. En general, siempre de forma dispersa y muy localizada en el tiempo (por ejemplo, en el contexto de la aprobación de una nueva Ley o similar). Es decir, el de la lucha por la educación pública ha sido y es un movimiento discontinuo e irregular que, salvo en casos muy contados, ha tenido protagonismos diversos.

Por citar algún ejemplo, es fácil recordar las movilizaciones estudiantiles de 1986 o las de profesorado interino en los años 90.

En los últimos años, y en el marco de la actual crisis, las respuestas han vuelto a producirse. El movimiento en defensa de la educación pública (como el resto de movimientos y frentes de lucha)

ha sufrido un repunte y, en cierto sentido, en él también se ha dado un salto cualitativo: al margen de las expresiones organizadas de los distintos sectores de la comunidad educativa, se han creado espacios unitarios de lucha, en los que han venido a confluir estudiantes, padres y madres, profesorado, personal de administración y servicios, ciudadanía en general…

Han adoptado formatos como Plataformas, Mareas, Asambleas, Redes…   De hecho, en el último período se han producido, por primera vez en la historia reciente, convocatorias masivas y unitarias dirigidas desde y dirigidas al conjunto de la comunidad educativa de todos los niveles. La huelga general educativa del 22 de mayo de 2012, convocada por organizaciones sindicales y estudiantiles, y apoyada por asociaciones de padres y madres, es un referente en este sentido.

En estos movimientos con vocación unitaria – como es el nuestro, Educación Pública en Movimiento -, se trabaja en general con una doble perspectiva: la de la resistencia y lucha contra las agresiones y la de la propuesta de modelos alternativos para la educación pública.

En este sentido, conjugan la lucha en defensa de lo público (en la que coinciden en aspectos nucleares con otros movimientos similares que defienden servicios básicos como la sanidad o los servicios sociales) con la articulación de un discurso sustentado en modelos metodológicos, pedagógicos y organizativos alternativos al mo-delo educativo hegemónico.

En el momento actual, se corre el riesgo de que – del mismo modo que está sucediendo con otros frentes de lucha -, la defensa de la educación pública sufra un nuevo parón.

Las dificultades para mantener movilizaciones sostenidas en el tiempo y la actual coyuntura política parece que están suponiendo un freno a un movimiento que ha tenido un ascenso notable en los cursos 2012/2013 y 2013/2014. Para conseguir que perduren parece necesario interiorizar el alcance de lo conseguido con la lucha (aunque no se haya parado la LOMCE porque no ha sido posible tumbar una mayoría absoluta parlamentaria, sí existen compromisos automáticos de derogación por parte de la gran mayoría del arco político de la oposición, por ejemplo), a la vez que poner en valor las luchas unitarias de los distintos sectores, así como la lucha unitaria, aún en un nivel superior, en defensa de “lo público”. En ese momento es en el que se encuentra nuestro proyecto, tratando de reforzar en este año la imprescindible lucha por la educación pública, una tarea de todos y todas.