img_02_04El saqueo de lo público no sólo tiene que ver con la corrupción económica. También hay todo un expolio de los bienes públicos, de los bienes comunes, permitido por los cambios legislativos introducidos en su día por Aznar – y mantenidos por los sucesivos Gobiernos – que equiparaban a los representantes de la jerarquía católica con notarios y les permite registrarlos a su nombre sin necesidad de demostrar su propiedad.

Bajo la opacidad más absoluta de las autoridades y de la propia Iglesia, lo que se va sabiendo tiene que ver con todo un rosario de decenas de bienes de todo tipo que en Córdoba ha llegado hasta a incluir, además de la Mezquita, un kiosco o una plaza. Y esto no es más que la punta del iceberg.

Lejos de transmitir una cierta sensación de indolencia, Córdoba es un ejemplo de concienciación y empoderamiento ciudadano en defensa de lo público. Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita. Porque hablamos de un escándalo poliédrico y mayúsculo, tanto en el ámbito jurídico, como económico, democrático, social y cultural. De tal magnitud, que ha conseguido ser portada de los medios de comunicación más importantes del mundo, y conseguir el respaldo de casi 400.000 ciudadanos.

Hablamos de un escándalo jurídico intolerable e injustificable en el siglo XXI, porque la apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equipara a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios. Valiéndose de ambas herramientas, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998.

Hasta entonces, nadie cuestionaba la naturaleza pública de estos bienes, como las calles o las plazas, sin perjuicio de los derechos al uso que en su caso pudieran corresponder a sus poseedores. La inmensa generalidad de los inmuebles con finalidad aparentemente religiosa, no habían sido construidos por ninguna estructura de la Iglesia, habían sido mantenidos por el pueblo y restaurados con dinero de todos y todas. De la misma manera que Miguel Hernández preguntaba en el alma quién levantó los olivos de Jaén, tampoco la Iglesia levantó el bosque de columnas de la Mezquita de Córdoba. Ni los bienes se adquieren por consagración.

Ni se pueden apropiar por la posesión en el tiempo cuando su naturaleza es pública. En definitiva, podríamos calificarlo de un “robo jurídico e impune”, llevado a cabo con normas derogadas desde 1978 por la Constitución Española.

Sin embargo, a nadie escapa que un escándalo de esta magnitud, con unas secuelas sociales y económicas incalculables e impredecibles en el futuro, representa una “cuestión de Estado” que no todas las fuerzas políticas se atreven a afrontar. De ahí la necesidad de divulgar y difundir lo ocurrido para evacuar en su momento las responsabilidades históricas que cada uno deba soportar: unos por perpetrarlo y otros por consentirlo. Desconocemos el número de bienes inmatriculados con arreglo a este procedimiento porque el Gobierno, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de los Registros y del Notariado, se han negado sistemáticamente a proporcionar estos datos con las excusas más peregrinas o con el silencio como respuesta. En primer lugar, dejemos claro que no por tratarse de una Iglesia o un bien con aparente finalidad religiosa pertenece a la Iglesia Católica, en sus distintas estructuras (Cabildo, Obispado, Diócesis…). No podemos confundir el destino de un bien con la propiedad del mismo, por la misma razón que los colegios no son de sus profesores. Y la prueba más evidente de ello es que las Iglesias o Conventos en ruinas siguen siendo públicos, hasta el extremo de exigir la propia jerarquía católica su restauración con nuestro dinero.

En Córdoba hemos podido comprobar que se apresuraron a registrarlas como propias tan pronto fueron arregladas con cargo a las arcas públicas.

En segundo lugar, no sólo se han inmatriculado templos de culto o similares. Este hecho contrastado desmonta la coartada de la Iglesia Católica de limitarse a regularizar sus “posesiones” (que no sus propiedades), porque han inscrito bienes privados de otra índole, que no ha poseído o documentadamente públicos, hasta el extremo de ofrecer vergonzantemente su devolución. El caso de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael o del kiosco de San Hipólito, raya el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica.

Y en tercer lugar, por definición, los bienes de dominio público no acceden al Registro de la Propiedad “privada”. Las inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica han invertido la prueba de manera diabólica: ahora se presumen que son suyos. Y para colmo, han degradado su naturaleza jurídica al rango de un mero bien privado. Desde la Mezquita hasta la plaza del Pocito. Los poderes públicos no pueden permitir esta tropelía. Sin embargo, la actitud del Gobierno municipal ha sido como regla la de huir del problema:

  • En el caso del Triunfo de San Rafael, solicitando un informe jurídico que justifique la salida del inventario del bien “mueble” (no de la plaza), incluso contra la opinión fundada de dos informes técnicos y la rotundidad de los hechos.
  • En el caso de la plaza del Pocito, no ha tenido más remedio que reconocer el expolio, sin duda como consecuencia de la reclamación ciudadana que le permite accionar si el Ayuntamiento no lo hace. La jerarquía católica se mantiene callada al respecto, ante la posibilidad de ampararse en un simple error catastral, a pesar de haberla inscrito ocultando que se apropiaba de la Iglesia y de la plaza.
  • En el caso del Kiosco de San Hipólito, la jerarquía católica se apresuró a declarar su devolución, lo que supone el reconocimiento expreso de la apropiación de un bien público.
  • Y en el caso del Cristo de los Faroles y de la plaza, acudiendo a inmatricularla. A nuestro juicio, un esperpento jurídico porque degrada su condición de bien público al de un solar privado. Y sobre todo, porque convierte el escándalo de las inmatriculaciones en una “carrera de pillos”, justificando el método utilizado por la Iglesia en lugar de impugnarlo y defender nuestro patrimonio público.

Dejando aparte el caso más emblemático de la Mezquita, intentaremos diseccionar los diferentes supuestos de expolio que hemos sufrido en la ciudad de Córdoba:

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1.- Apropiación de plazas públicas: El Triunfo de San Rafael y el Pocito de la Fuensanta

Triunfo de San Rafael

En abril del 2011 el Obispado inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael sin presentar ningún título de propiedad, fundamentando su dominio únicamente en la descripción histórica del monumento y en su dedicación al “culto católico”. La titularidad pública de la plaza es indiscutible. En el archivo constan datos precisos que prueban que desde el año 1850 la plaza es de propiedad pública, con el consentimiento expreso del Obispado de desprenderse de ella para no asumir su mantenimiento.

Además, está documentado que todas las reparaciones realizadas hasta hoy han sido pagadas por el Ayuntamiento. Las últimas actuaciones fueron su inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento en el año 1984, y su restauración en el año 2002 en el Plan de Excelencia Turística. Aún con esto, el obispado inmatriculó la plaza a su nombre en el 2011.

La respuesta lógica hubiese sido reclamar su devolución inmediata, pero no fue así. El Ayuntamiento optó por borrarlo de su inventario de bienes y decir que si la Iglesia manifiesta que es suyo, será que es cierto, aunque choque frontalmente con los antecedentes documentados y con las propias actuaciones anteriores del Ayuntamiento.

No es una mera dejación de su obligación de defender el patrimonio público, sino una verdadera colaboración activa en la apropiación privada del mismo.

La Plaza del Pocito de la Fuensanta

En 1987 se inmatriculó la Plaza del Pocito de la Fuensanta, ocultando su carácter religioso y con una descripción oscura para ocultar su apropiación. La reforma de Aznar que permite registrar templos de culto no se produjo hasta 1998, por lo que el Obispado no declaró que se trataba de una iglesia para poder inscribirla en el Registro.

Además el texto trata de esconder que se inscribe la plaza. Para ello se usó esta descripción:

“Porción de terreno al pago de Nuestra Señora de la Fuensanta, de esta Capital, con superficie de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, sobre la que existen edificaciones en su fondo, que ocupan mil ochocientos veintiocho metros cuadrados, y que consisten en la Casa del Capellán, con un pequeño jardín; Capilla y otras dependencias.”

De la comparación del texto con los metros de superficie y el plano que consta en el catastro se extrae que cuando se dice “otras dependencias” se está refiriendo a la Iglesia, el pocito y la plaza pública en la que se encuentra.

Ante esta apropiación el Ayuntamiento de nuevo ha guardado silencio, siendo el consejo de Distrito Sureste, que representa a los vecinos de la Fuensanta, los que han actuado en contra. Lejos de acceder a la devolución, el Obispado parece dispuesto a discutir la propiedad de la plaza en los juzgados.

2.- Bienes públicos mantenidos por las administraciones públicas

Estas plazas no han sido los únicos bienes públicos de los que se ha apropiado la Iglesia frente a la pasividad de las Administraciones públicas. En el 2005, el Obispado inmatriculó la Iglesia de San Hipólito, y aprovechando que estaba en su esquina, un kiosko municipal. Está perfectamente documentado que el kiosko, actualmente en desuso, fue construido por el Ayuntamiento. Encontrarse en una esquina de la iglesia y estar cerrado parecen motivos suficientes para inscribirse en el registro junto con el templo.

Puede decirse que el Ayuntamiento no ha respondido ante estos hechos, limitándose a decir que estudiará la situación. Al hacerse público este “robo jurídico”, el Obispado ha decidido devolver por sí mismo el kiosko, con lo que podemos dar por hecho que no habrá ninguna consecuencia en su contra. Estará automáticamente libre de culpa. Tan sorprendente como injusto.

Analizar todas las inmatriculaciones de Córdoba sería una labor demasiado extensa, por lo que sólo señalaremos unas de las más representativas, las iglesias fernandinas. Mandadas construir por Fernando III el Santo, son el ejemplo perfecto de templo de titularidad pública. Su construcción fue ordenada por la corona, se utilizaron como edificios administrativos en sus respectivos barrios y sus restauraciones han sido pagadas hasta hoy por el Estado. Así encontramos la Iglesia de San Agustín, restaurada con casi cuatro millones de euros por la Junta, o la Iglesia de la Magdalena, cuya reparación tras un incendio costó a la Junta más de 600.000 euros. Ambas iglesias fueron inmatriculadas por el Obispo poco después de su última restauración.

Especialmente grave es el caso de la Magdalena, al tratarse de un bien desacralizado.

Ya sabemos que este mismo procedimiento se usó con las Iglesias de San Pablo (ganada posteriormente en el Tribunal Supremo por sus legítimos propietarios), San Pedro, Santa Marina, la Ermita de los Santos Mártires, la Iglesia del Socorro, la Basílica del Juramento de San Rafael, etc.

La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma, guardar silencio y continuar sufragando el mantenimiento de los templos.

3.- La Iglesia no inmatricula ruinas.

“La Iglesia no inmatricula ruinas.” Así de claro lo dijo el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La expresión más correcta sería que las ruinas son restauradas con dinero público para ser después inmatriculadas por la Iglesia. Ese es el procedimiento que se ha seguido con la inmensa mayoría de inmuebles, algunos ya citados.

Córdoba se ha convertido en el ejemplo perfecto de este expolio monumental. Tenemos tres templos en ruinas: el convento de Regina, la Iglesia de Santa Clara y la de Campo Madre de Dios.

Nunca se ha cuestionado su titularidad ni a quién corresponde su restauración, ambas en manos del Ayuntamiento. Está visto que cuando su estado de conservación es malo no choca que sean templos de titularidad pública.

El Convento de Regina ya está siendo restaurado para albergar el museo cofrade, y el culmen de la mala actuación del Ayuntamiento llega con Campo Madre de Dios, pactando que se restaure con dinero público para cederlo después a la Iglesia. Lejos de exigir a la Diócesis el cuidado de sus bienes, se restauran los públicos para regalarlos. Y lamentablemente, no es la primera vez que ha ocurrido.

CONCLUSIÓN:

Todos nos echamos las manos a la cabeza antes los casos de corrupción que suponen un robo a los ciudadanos. También hemos tomado conciencia del daño que supone a lo público la economía al margen de la fiscalidad. Sin embargo, aún desconocemos las consecuencias futuras de estas apropiaciones de bienes y ayudas que hemos pagado entre todos para el beneficio privado de unos pocos, que no declaran ni tributan. De ahí que de la misma manera que exigimos una auditoría de la deuda, se cuantifique el tamaño del expolio y la secuelas económicas que supone para las arcas públicas todo ese dinero que hemos perdido más el que dejamos de percibir.

Sólo así quizá empecemos a darnos cuenta de esta “inmaculada corrupción” que para nada tiene que ver con la finalidad de la propia Iglesia y que está a enorme distancia del mensaje del propio Papa Francisco. En cualquier caso, no hablamos de un debate religioso, sino estrictamente patrimonial, jurídico y económico en defensa de lo público.