img_02_06Manifiesto/decálogo de Córdoba Pública. En defensa de los servicios públicos. Elecciones autonómicas y municipales 2015

El ataque a los servicios y bienes públicos es un destacado rasgo de las políticas neoliberales que se vienen aplicando en nuestro país y que en Córdoba ha tenido su máxima expresión en el actual equipo de gobierno del Partido Popular, con su alcalde Nieto al frente: cierre de servicios, como la Escuela Infantil; privatizaciones como la de la Residencia de Mayores o – tal como intentan en estos momentos – del Alumbrado Público; despidos y reducción de plantillas (sólo en la matriz, en el ayuntamiento, son más de 160 los puestos perdidos entre 2011 y finales de 2014; en SADECO se ha reducido la plantilla en 100 puestos, etc.); reducción de las partidas de Ayuda de Emergencia Social; inhibición ante el expolio que el Obispado está realizando del patrimonio de la ciudad… son sólo una muestra de la larga lista de ataques que han sufrido los servicios municipales y lo público a manos del PP. Ataques que, no se olvide, terminan repercutiendo negativamente en la ciudadanía, especialmente en la que se encuentra en situación de exclusión.

Lamentablemente, también en los servicios públicos dependientes de la Junta de Andalucía, sobre todo en dos tan sensibles para el bienestar social como Educación y Sanidad, los recortes y la precarización son igualmente moneda común: reducción de plantillas, reducción de jornada laboral/salario a eventuales, privatización parcial de servicios, conciertos con empresas privadas; etc.

Ante la cercanía de diferentes procesos electorales en el presente año, la Plataforma Córdoba Pública hace público el presente Manifiesto con las principales propuestas que planteamos a las fuerzas políticas que concurrirán a las elecciones.

MANIFIESTO

En definitiva, Córdoba Pública, convencida de que lo público, su fortaleza, es una garantía de derechos y de igualdad, de democracia en suma, propone la adopción de las siguientes medidas por los próximos gobiernos autonómico y municipal:

  1. Un claro posicionamiento en defensa de los servicios y los bienes públicos, incluida la iniciación de cuantas acciones sean necesarias en defensa de los mismos, con independencia de quien ostente la competencia en la materia.
  2. La negativa explícita – y su consecuente traducción práctica – a privatizar ninguno de los servicios públicos existentes en este momento, ni a mercantilizar los bienes públicos (promover un parque público de viviendas de alquiler; eliminar la promoción para venta de viviendas; rechazo a introducir medidas de financiación a través de concesiones por canon; etc.)
  3. La exploración de todas las opciones posibles para recuperar como servicios públicos aquellos servicios que han sido privatizados en los últimos años y para la reapertura de los que fueron cerrados.
  4. La exploración de todas las opciones posibles para la recuperación de las plantillas de personal de los servicios públicos mermadas en este reciente periodo.
  5. La apertura de mesas permanentes de trabajo y colaboración activa con todos los movimientos sociales y sindicales que promueven la defensa de lo público, incluida la preservación del espacio y de los lugares de convivencia ciudadana.
  6. La introducción y defensa del enfoque de Derechos Humanos en la regulación normativa y la gestión de los servicios que afectan a los suministros básicos de la población: vivienda, agua, luz, gas y alimentación, promoviendo desde las administraciones públicas medidas de protección a las personas más vulnerables que, huyendo de cualquier consideración benéfica, respete al máximo su dignidad.
  7. La utilización de la fuerza política, representativa, institucional, normativa y de poder (recursos, finanzas, etc.) del Gobierno correspondiente para presionar sobre las entidades o instituciones que vulneren en su actuación cotidiana los Derechos Humanos a los suministros básicos.
  8. La puesta a disposición temporal de iniciativas ciudadanas sin ánimo de lucro y de interés general, para actuaciones que redunden en beneficio de la comunidad, de los edificios públicos vacíos y recursos ociosos, en tanto la administración pública los puede poner en valor directamente.
  9. La separación estricta del poder político ostentado de cualquier actuación de carácter confesional, evitando toda colusión de intereses con organizaciones vinculadas a confesiones religiosas que pudiera perjudicar los intereses generales.
  10. La inclusión transversal en todas estas acciones de los principios de sostenibilidad y de igualdad de género.